Del 25 al 28 de
septiembre de 2012 los gobiernos subnacionales de seis países del mundo se
reunirán en esta ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, para
impulsar y decidir acciones sobre el nuevo pretexto sombrilla con el
que se pretende privatizar, por inversores y anfitriones, las selvas
tropicales: se llama REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación
y Degradación de los Bosques +) y el tema de excusa en turno es
ahora el clima.
Los 17
gobiernos subnacionales de las provincias o Estados que participan son: Chiapas
y Campeche, de México; Aceh, Central Kalimantan, East Kalimantan, West
Kalimantan, Papúa y West Papúa, de Indonesia; Acre, Amapá, Amazonas, Mato
Grosso y Pará, de Brasil; California e Illinois, de los Estados Unidos; Madre
de Dios, de Perú; y Cross River, de Nigeria. Este grupo pretende avanzar,
mediante este mecanismo sombrilla, en la privatización de la Madre Tierra,
1) para apoderarse de sus recursos y servicios (el objetivo detrás de la
bio-conservación, como en Chiapas el gobierno llama a su proyecto REDD+ en la
Selva Lacandona), 2) para elevar la insustentable producción de biocombustibles
destruyendo a su paso toda forma de vida, y 3) para fracturar el obstáculo
histórico del capital en los bosques y selvas de nuestros países: la cultura y
organización comunitarias. Todo esto cobijado bajo el concepto de “economía
verde”.
REDD+ se ampara en el Convenio Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CNMUCC) y el Mecanismo de Desarrollo
Limpio. En este marco, REDD+ se cobija bajo el doble pretexto consistente en
que la deforestación aporta entre el 12% y 18% de los gases de efecto
invernadero (GEI), y que las selvas tropicales son las mayores absorbentes
naturales de este tipo de gases. Así, REDD+ se concibe formalmente en una
carretera de doble vía: para reducir la aportación de Gases Efecto
Invernadero generada por la deforestación y para, reiniciado el
proceso de recuperación de este tipo de bosque, fortalecer mediante su biomasa
la captura natural del más del 80% de estos gases emitidos fundamentalmente por
la geografía industrial y la del consumo capitalista. El “+” o plus hace
referencia, al manejo sustentable, al aumento de reservas de carbono forestal
(que incluye no solo a los bosques sino a los monocultivos) y a la conservación
de los ecosistemas por los productos y servicios que genera, siendo el más
codiciado el de labiogenética.
Países con regímenes neoliberales ubicados en
las latitudes intertropicales, grandes empresas contaminantes y grupos
ambientalistas del “coyotaje verde”, han centrado su interés en este mecanismo
que anuncia ganancias integradas a aquellos países y comunidades
indígenas o campesinas que tienen bosques tropicales húmedos, o allanan el espacio
para plantaciones, y a los Estados y empresas que emiten grandes cantidades de
GEI para compensarlos y poder seguir contaminando.
Bajo REDD+ se inscriben iniciativas privadas
y de Naciones Unidas relacionadas formalmente al tema climático en etapa de discusión.
Pero también existen ya proyectos ejecutivos subnacionales como es el caso
del Acuerdo REDD+ suscrito hace dos años entre los Estados de
Chiapas, Acre y California, dos semanas antes de la Cumbre de Cambio Climático
celebrada en Cancún, México, para anticiparse al previsible desacuerdo sobre la
creación de mercados de carbono. El grupo internacional dentro del cual estos
tres países suscribieron ese Acuerdo y que se reunirá en Chiapas los días 25,
26, 27 y 28 de Septiembre, es el llamado Governors’ Climate Change and Forests
Task Force – GCF (Grupo de Fuerza de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y
Bosques). En el Estado de California ese Acuerdo trisubnacional
(955680042) es parte de una ley estatal que propone soluciones al cambio
climático y demanda la reducción de emisiones de ese Estado (al nivel que
mantenía en el año 1990, pero con vigencia sólo hasta el año 2020).
Esta opción compensatoria es el primer piloto
global para impulsar la implementación de REDD+ como mecanismo de obligación
legal, de ahí la importancia de alertar al resto del mundo de los peligros que
conlleva esta legislación y vía privatizadora de los bosques y la
biodiversidad, destructoras de la vida comunitaria de los pueblos originarios y
campesinos.
La entidad subnacional de California en los
EEUU, en lugar de atacar las causas que provocan sus emisiones de GEI, optó por
la lógica de la acumulación del capital, su compensación, comprando créditos de
carbono que jurídicamente le permitan continuar reproduciendo su modelo depredador
y consumista, alegando además que con ello contribuye a la protección de las
selvas en Chiapas y Acre, pero sin mencionar los bionegocios que hay detrás de
este supuesto altruismo; a la generación de energías bajas en emisiones de
carbón, aunque omitiendo la destrucción de la biodiversidad y del medio
ambiente en general que conlleva; y al desarrollo sustentable de los pueblos
que las habitan, ocultando sus consecuencias como la fractura cultural y
organizativa de las comunidades.
La entidad subnacional de Chiapas en México,
operador favorito de la “economía verde” al que se han sumado los gobiernos de
la región de la Selva Maya, con el apoyo y dirección estratégica del gobierno
de la República, pretende asegurar su devastador negocio local de biocombustibles,
al que denomina ‘energía limpia’, por un lado; y garantizar a los
inversionistas trasnacionales y al coyotaje ambiental nacional (ex funcionarios
ambientales y ONGs conservacionistas), los negocios verdes como la biogenética,
mediante la conservación de la biodiversidad de ecosistemas más protegidos,
ubicada en su inmensa mayoría en territorios indígenas, por el otro. Eso
explica por qué, para la primera acción de REDD+ en su versión chiapaneca, se
eligió la Reserva de la Biosfera Montes Azules y no aquellas regiones
forestales degradadas o deforestadas, cuya recuperación ofrecería a los
mercados de carbono una mayor captura de GEI, o al menos congruencia con los
postulados de su concepto.
El programa REDD+ es el nuevo maquillaje,
nutrido por la crisis climática, de una conocida y vieja forma de colonialismo
que promueve la apropiación de las tierras y territorios mediante el despojo,
los desalojos violentos directos, o su arriendo perpetuo a las comunidades
indígenas poseedoras. Esto evidencia la incongruente lógica del capitalismo
verde, que promueve, por un lado, con su opción “climática” de
biocombustibles, la destrucción de los corredores biológicos en zonas bajas de
las selvas, las mejor irrigadas; y por otro lado la conservación de la biodiversidad
en las áreas protegidas vecinas.
Ante todo
ello, declaramos que:
1) El mecanismo de REDD+ no
respeta los derechos de Pueblos Indígenas consagrados tanto en
declaraciones y acuerdos internacionales como en el propio marco constitucional
nacional. Las comunidades indígenas y campesinas de Chiapas afectadas no han
sido previa ni suficientemente informadas, ni consultadas ni este programa
prevé la pertinencia cultural de sus objetivos y medios.
2) El mecanismo de REDD+ incentiva
la destrucción de la biodiversidad. Los estados subnacionales, las
empresas y los organismos multilaterales re conceptualizan convenientemente el
término de bosque al incluirle las plantaciones, como las de palma aceitera,
la Jatropha (piñón), el eucalipto y otras cuya sobrevivencia demanda
grandes volúmenes de agrotóxicos, y de bienes comunes naturales como el
agua.
3) El mecanismo de REDD+ no
soluciona de raíz el problema del cambio climático. No se enfoca en la
urgente disminución de GEI que se producen en los países industrializados
que más contaminan; y permite que sigan contaminando mediante la
llamada compensación, como el mecanismo REDD+ suscrito entre California
(Estados Unidos), Acre (Brasil) y Chiapas (México).
4) En el mecanismo de REDD+ Las
emisiones de carbono “capturadas” no son cuantificables con exactitud, ni
permanentes. En el mecanismo REDD+ no es posible tener una contabilidad
real del carbono capturado por las “fugas” de la deforestación a otras áreas y
a otros sectores. La falta de permanencia del carbono forestal capturado hace
de REDD+ un engaño como solución. El carbono forestal no es capturado de manera
permanente (contrario a las emisiones de los combustibles fósiles).
5) El mecanismo de REDD+
responsabiliza a las comunidades indígenas y campesinas de los países del
Sur intertropical de ser los sumideros del dióxido de carbono que los países
del norte industrial emiten, obligándolas, entre otras acciones, a constituir
reservas boscosas, o las criminaliza si se oponen. Bajo el esquema
de REDD+, la amenaza de que pueblos indígenas y campesinos estén siendo
desalojados de sus tierras -para poder arrasar las selvas y dar lugar a
plantaciones- se está materializando. Por otro lado los se
quedaron en sus territorios, al disminuir sensiblemente el precio
mundial de los biocombustibles, han sido encarcelados por tumbar las palmas
aceiteras cuya siembra ignoraban que estaba vinculada a proyectos REDD+; otros
más han sido perseguidos por comerciantes de carbono de las plantaciones
forestales como en el Congo. REDD+incluye todo tipo de
plantaciones y monocultivos, todo lo que se siembre por las grandes
corporaciones agroindustriales, incluso el suelo.
6) El mecanismo
REDD+ divide y enfrenta a las comunidades indígenas. La aceptación del
proyecto REDD+ Chiapas hecha por la Comunidad Lacandona, un pueblo indígena
inventado por el gobierno hace 40 años para llevar adelante su negocio de la
extracción de maderas finas, es: 1) contrainsurgente porque confronta a ese
grupo de familias caribes con las comunidades indígenas vecinas de la Reserva
de la Biosfera Montes Azules (en abril del 2011 en ceremonia oficial el
gobernador de Chiapas les entregó armas y uniformes para hacer rondas en el
perímetro colindante con las comunidades tzeltales en resistencia que se oponen
al paso de su brecha agraria –la llamada brecha Lacandona- que consolidaría los
contratos de despojo); 2) es antidemocrático porque no representa la palabra de
la mayoría de las comunidades indígenas de la Selva Lacandona y, 3) es un robo
a la Nación porque bajo el maquillaje de esta impostura climática pretende
tras-nacionalizarse la inmensa biodiversidad del trópico húmedo mexicano,
estratégica para el desarrollo soberano del país.
7) Mientras se
consolida el Acuerdo con California, el estado de Chiapas se inventó un
programa clon provisional denominado “Reducción de Emisiones por Deforestación
y Degradación Evitada (REDD+E) para la Selva Lacandona.”, que subsidia con
impuestos de los chiapanecos a la Comunidad Zona Lacandona (conformada por
familias caribes y población tzeltal y chol reconcentrada en esta
zona). Se trata de recursos públicos provenientes de una de las
entidades más endeudadas del país; perpetuando las políticas paternalistas, la
actitud de “si no me pagas deforesto” y aumentando la desigualdad distributiva
al dotar con más recursos a la Comunidad indígena del país que más ingresos de
origen fiscal per cápita recibe por conservar.
8) El mecanismo de REDD+ crea las
bases para un nuevo ciclo de especulación capitalista basado en mercados
especulativos y compensatorios de bonos de carbono forestal presentados como
‘comercio del aire’ y que conllevan un impacto real en la propiedad y control
de la tierra al crear nuevos regímenes de privatización, como la titularización
de las reservas de carbono en los territorios fuente. Amplían así las fronteras
de la mercantilización y el acceso de los mercados a bienes como la tierra, el
agua y la biodiversidad a contramano de la protección y defensa de estos bajo
políticas públicas y/o manejo colectivo por parte de comunidades indígenas y
tradicionales.
9) El mecanismo REDD+ promueve la
descampesinización, el abandono del soporte cultural de los pueblos indígenas:
la producción tradicional de alimentos de autosustento y la pérdida de agro
biodiversidad. Al impedir la práctica de rotación de acahuales (a los que
considera biomasa de captura inamovible), condenar el cultivo de alimentos de
ciclo anual (la milpa) y volver imposible para los que permanezcan la ancestral
selección de semillas, al convertirlos, sin posibilidad de elección, en
rentistas forestales, atentando directamente en contra de su soberanía
alimentaria.
Por todo lo
anterior exponemos:
En relación al clima:
1) Se requieren medidas
democráticas y técnicamente coherentes para transitar a un sistema energético
sustentable, y para poder eliminar con carácter de urgente el uso y abuso de
los hidrocarburos.
2) Los grandes emisores de GEI,
destacadamente los países del Norte industrial y consumista, deben implementar
mecanismos urgentes de reducción de GEI sin sustituciones ni compensaciones,
enfocándose en la metas de reducciones en sus propios países.
3) Los recursos y medidas para
conservar los bosques y las selvas deben ser adicionales y democráticamente
definidos y no aprobarse en compensación ni imposición para seguir
contaminando. Deben tomar en cuenta las alternativas sustentables de los
pueblos originarios y campesinos en armonía con la Madre Tierra, que apoyen la
gestión y conservación de bosques desde una visión comunitaria; que no sean parte
de los mercados y que no sean controlados por corporaciones, instituciones
financieras internacionales o coyotes verdes; y sí colectivamente por los
pueblos ec
anismo REDD+:
1)
Denunciamos el diseño sombrilla de este programa el cual, bajo
el signo + (plus), integra al resto de los productos y servicios que
proporcionan los ecosistemas tales como la biodiversidad y el agua,
foco de las ganancias sobre las nuevas fuentes de riqueza y control, y también
el despojo o alienación de las comunidades indígenas y campesinas que habitan
las regiones más biodiversas y con mayor captación de agua del planeta.
2) Evidenciamos
la profunda incoherencia de la propuesta plus de conservación y provisión de
servicios ambientales, que considera para efectos de captura de GEI a los mega
monocultivos tóxicos, sobre todo de biocombustibles, sin importar que devasten
zonas inmensas fundamentales a los corredores biológicos, como ocurre en las
llanuras aluviales que circundan a la Selva Lacandona en el estado de Chiapas.
3) Condenamos
la función histórica de servilismo de los gobiernos subnacionales que se
reunirán en san Cristóbal de Las Casas los días 25, 26 y 27 de septiembre,
encabezados por Juan Sabines, responsables de allanar “jurídica, políticamente
y culturalmente” el camino del despojo que demandan las
corporaciones internacionales, la oligarquía doméstica, los Estados
y el “coyotaje ambiental”.
Alertamos a los pueblos y comunidades del
mundo sobre la excusa cínica de este programa de despojo, en donde la
destrucción o la conservación de todos los tipos de bosques tropicales,
incluso de los bosques de mangle (como ha ocurrido recientemente en Guatemala y
México), o su reverso perverso las plantaciones y monocultivos, se declaran e
imponen como la causa o el remedio primario al cambio climático.
¡LA MADRE TIERRA NO ESTÁ
EN VENTA!
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